“La guardia pretoriana”, por Juan P. Rodríguez

La guardia pretoriana
La guardia pretoriana. Fuente de la imagen

 

Es bien sabido que la guardia pretoriana de la antigua Roma era un cuerpo especial de las legiones que ponía y quitaba emperadores a su gusto, sobre todo en determinados periodos de inestabilidad política. En uno de esos periodos dijo el historiador romano Tácito: “Cuanto peor el Estado, más leyes tiene” (corruptissisma republicae, plurimae leges). Nadie mejor que un ciudadano del Imperio romano para juzgarlo, puesto que ellos (los romanos) sentaron las bases jurídicas para un sistema legal que llegaría a extenderse por todo el occidente cristiano. Nosotros somos herederos de ese Imperium, aunque, todo hay que decirlo, a través de una institución que copió fielmente los modelos romanos e hizo que se transmitieran a reyes medievales e incluso a los primeros Estados modernos: la Iglesia. El sistema administrativo y judicial (van de la mano) creado por la iglesia cristiana —más tarde católica— fue un modelo a seguir para la organización del territorio y para su control efectivo, con el fin primordial de recabar impuestos —diezmos y alcabalas por ejemplo.

Para acercarnos algo más a los tiempos actuales, no está nada mal recoger la frase de Tácito, “cuanto peor el Estado, más leyes tiene”, y aplicarla a la situación actual de un Estado español sumido en profunda crisis. Quizás yerro al hablar del Estado sin más, cuando en realidad los españoles soportamos actualmente cinco administraciones o “Estados” sobre nuestras espaldas: la europea, la central, la autonómica, la provincial y la municipal. Uno de los logros de la Transición fue descentralizar la administración única franquista, “repartiendo el poder”, por así decirlo, para acercarlo más al ciudadano. Para ello nada mejor que acabar de un plumazo con aquella “obsoleta” carrera administrativa, según la cual los funcionarios subían en el escalafón desde la base aprendiendo de sus jefes y superiores, superando pruebas y adquiriendo experiencia. El partido de Felipe González fue especialmente eficiente en aquel proceso, aunque ignorase u obviase las razones que aquí estoy exponiendo, y, una vez liquidado el modelo anterior heredado de la dictadura, se convocaron miles de “empleos públicos” para cubrir muy especialmente los de las recién creadas “autonomías”. Durante la Transición se creía infinita la capacidad financiera del Estado —como se creía en el s. XIX ilimitados los recursos de la Naturaleza—, así que, ¿por qué no crear el Estado protector, eufemísticamente llamado “del bienestar” con un ejército de nuevos funcionarios que en su mayor parte, mire usted qué bien, tenían el ideario del partido reinante? Hablo de los años 80, una vez convenida la Carta Magna de 1978 mediante los Pactos de la Moncloa. Entonces todos parecíamos de acuerdo en que aquello debía cambiar radicalmente y entonces, llevados por el entusiasmo reinante, muchos simpatizábamos con el ideario “social demócrata”. Ni siquiera se reflexionó que algo se podía estar haciendo mal, que tal vez habría que pagar consecuencias en el futuro o que una administración sobredimensionada era una carga muy pesada para un país no especialmente rico. Lo importante era colocar a los amigos y acólitos para que “vivieran del presupuesto”, puesto que “el Estado es lo seguro”. Y cuando hablo del aparato estatal y administrativo hablo de todas sus ramas, incluyendo al poder judicial, a la sanidad pública, al ejército, a las universidades, etc. Quizás se tenía una fe ciega en el futuro de continuo, creciente e imparable desarrollo de una “sociedad moderna”, con lo que los administradores se las prometían muy felices gracias a las riquezas generadas por los administrados, riquezas que aquellos (los administradores) se proponían redistribuir en forma de servicios públicos, etc. ¿Y cómo?  Cómo no, mediante los impuestos. ¿Cómo si no puede financiarse un Estado moderno y crear infraestructuras, carreteras, hospitales, escuelas, universidades, juzgados y todo tipo de edificios públicos? ¿Cómo si no pagar el numeroso funcionariado? No hay otra manera que se sepa desde tiempos inmemoriales.

El único problema de esa idea intencionada es que estaba podrida desde sus orígenes por una falta de cálculo o de previsión; en otras palabras: demasiados administradores para los sufridos administrados, pero no solo eso, sino además: demasiados privilegios para los administradores en relación con los administrados, demasiadas prebendas y ventajas y seguridades que no se tienen en absoluto en el mercado libre de trabajo. Y menos en una sociedad en crisis permanentemente sujeta a una política de austeridad. ¿No somos todos iguales ante la ley? Entonces, ¿por qué no nos jubilamos todos a la misma edad, cobramos las mismas pensiones, tenemos el mismo despido e indemnizaciones, gozamos de la misma seguridad en el trabajo, de los mismos periodos vacacionales? Admitiendo que debe de haber excepciones para determinadas profesiones o en casos muy especiales (por ejemplo, el presidente de Gobierno), esas excepciones no se deben convertir en norma porque entonces tendremos el mundo al revés, aunque este sea muy “legal” y esté apoyado en una ley minuciosamente escrita. Dejémonos de promulgar tantas leyes, porque, ¿cómo justifica su puesto de trabajo digamos un parlamentario de una comunidad autónoma? La respuesta es simple: legislando —cuando no están intrigando o peleando entre sí por los sillones en las asambleas. Naturalmente, ellos también quieren vivir a costa del Estado (aunque sea un pobre Estado autonómico con déficit crónico), siendo el horror más espantoso que pudieran concebir tener que ganarse la vida en el mercado libre. “Nos van a legislar hasta para ir a mear”, me dijo vulgarmente el otro día un amigo, y añadió: “dos cosas hay en exceso en este país, periodistas y políticos”. Se le olvidaron los funcionarios, a los que por supuesto nadie quiere mencionar porque tiene un costo político muy alto. ¿Podía ser de otra manera siendo nuestro actual presidente de Gobierno un registrador de la Propiedad? Y no se crea que es una excepción, casi toda nuestra clase política viene del funcionariado de uno u otro pelaje —excepto recientes partidos a los que no es necesario mencionar en este artículo—, de ahí su formación legalista y protocolaria, poco práctica, y de ahí su visión de un Estado rígidamente organizado en torno a las leyes escritas, sin que nadie quiera aceptar responsabilidades. Esa es la clave, ¿se le exigen responsabilidades a la Administración pública por sus errores, rinden cuenta los funcionarios responsables de determinadas decisiones? No, la administración siempre tiene razón, aunque se equivoque, y al ciudadano siempre se le presupone culpable, por lo que deberá demostrar su inocencia a través de una montaña de papeles, gastos, y abogados. De esa manera se genera una bonita cantidad de tasas, multas y demás alcabalas que retroalimentan el aparato administrativo. Como los pecheros, que tenían encima a los nobles de antaño y además debían mantenerlos. Es decir, aunque la teoría dice que “uno es inocente mediante no se demuestre lo contrario”, o que “la administración está al servicio del ciudadano”, ese espíritu de servicio brilla por su ausencia en la España actual y se considera más bien, tácitamente, que el ciudadano está al servicio de la Administración (esta vez con mayúsculas).

Dicho esto, no puedo menos que hacer un inciso aquí para referirme a los buenos funcionarios que sin duda existen y que, es más, puede que sean la mayoría. Algunos de mis amigos son funcionarios y los considero gente proba, eficiente y dedicada a su trabajo. Frecuentemente, se tienen que enfrentar a situaciones estresantes que no han sido suscitadas por su trabajo, ni tampoco por el enfurecido “contribuyente” que se enfrenta a ellos y les  hace responsables de los males del sistema. Hemos creado un monstruo, un Moloch que quizás fuera necesario en los tiempos antiguos de barbarie y desorden, pero que ahora resulta obsoleto y, paradójicamente, cada vez más exigente. ¿Por qué? ¿Tratan algunos funcionarios de darse importancia, de justificar sus puestos de trabajo? Uno llega a sospechar que determinadas administraciones, sobre todo a nivel local y autonómico, complican intencionadamente los procesos para hacerse imprescindibles. De eso al soborno hay apenas un paso, sobre todo cuando los sueldos son magros. Ya ha ocurrido en otras ocasiones, quizás ya está ocurriendo discretamente a nuestro lado, sobre todo en determinados ayuntamientos.

Pero para hablar de los ayuntamientos, ya que estamos descendiendo a nivel local —por decirlo así, de lo más general a lo más particular—, es preciso hacer referencia a la actividad comercial que toda ciudad necesita para su supervivencia, actividad por cierto que llevan generalmente los llamados trabajadores autónomos, por cuenta ajena o por cuenta propia. Se precisan profesionales libres e independientes acostumbrados a las negociaciones de la pequeña y mediana empresa, que son el nervio de este país. Hace falta agilidad, dinamismo e inteligencia, sin que eso se tenga que identificar necesariamente con juventud o con lo “políticamente correcto”. También los mayores de 50 años, aunque sean hombres maduros, tienen derecho a emprender. El infierno de los autónomos, que se encuentran desprotegidos, minusvalorados y con crecientes agravios comparativos respecto a otros trabajadores, se ve agravado, valga la redundancia, por la complicada gestión que es preciso afrontar para el desarrollo de su labor. La administración (central, autonómica, provincial, local) no solo les bombardea a impuestos, sino que encima procura crearles todo tipo de dificultades burocráticas en la consecución de las subvenciones, títulos, permisos, licencias, matrículas, impresos, declaraciones, formularios, pagos online, certificados digitales y otros barrocos requisitos. Los procesos se podrían simplificar o agilizar considerablemente si los responsables aplicaran la racionalidad, la flexibilidad y el buen hacer, si hubieran implementado una forma paralela de gestionar los asuntos: telemática y tradicional mediante formularios, de forma que el que no controle las nuevas tecnologías pueda seguir resolviendo sus papeles hasta que entre plenamente la próxima generación. Pero lo han hecho justamente al contrario, de repente y sin planificación.

Especialmente representativo de esta forma de “bloquear” toda iniciativa privada es el Ayuntamiento de Cáceres, al que concreta y fehacientemente nos queremos referir aquí. ¿Por qué? Porque es ejemplo paradigmático del mal hacer del funcionariado local, lo cual desacredita por extensión al resto del funcionariado en una ciudad que por lo demás vive en gran parte del Servicio Público. Es difícil concebir que sea tan difícil obtener una licencia comercial para los locales cacereños, que los procesos se alarguen durante años y que incluso se clausuren locales que habían dado todos los pasos legales pero que, por un pequeño error del ayuntamiento, son precintados durante meses por la policía local sin que el Consistorio quiera aceptar luego la mínima responsabilidad. Ni siquiera los técnicos del ayuntamiento tienen una forma de actuación común, no se atienen a los mismos criterios ni aplican las normas de la misma manera. Recientemente ha aparecido un artículo en cierto periódico local acerca de la odisea de un negocio floreciente que genera empleo y rinde un servicio excelente al ciudadano, pero que es ninguneado sistemáticamente tanto por el ayuntamiento como por una comunidad de vecinos cuyos administradores más parecen mafia que comunidad. Justo al lado de ese reportaje se hace referencia a la titánica lucha legal emprendida por un pequeño local comercial, en la parte antigua de Cáceres, al que el ayuntamiento pretende cancelar el longevo contrato de arrendamiento para entregar ese espacio al vecino restaurante, cuando el servicio que ofrece aquel (el local) de recuerdos, suvenires y refrescos para el turista es perfectamente compatible y hasta conveniente en corazón de la ciudad amurallada que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. De hecho, esas logias de San Jorge se crearon con ese fin durante la remodelación de la plaza que se llevó a cabo en los años sesenta. Pero en absoluto se considera el pasado en lo que tiene de positivo —como en el caso de la “carrera administrativa” a la que me referí anteriormente—, ni se anda con razonamientos a la hora de tomar decisiones radicales, sobre todo si se trata del ayuntamiento de Cáceres, que es un buen padre de todas las irracionalidades y paga los interminables pleitos gracias a un erario público crónicamente deficitario. Mi amigo me contó que el Consistorio o, mejor dicho, algunos funcionarios allí enquistados, se “equivocan” a menudo, como cuando le cargaron en cuenta dos veces los más de tres mil euros de la “liquidación I.I.V.T.N.U.” —que traducido quiere decir ‘Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos’, más conocido como ‘plusvalía municipal’—, de forma que si no hubiese devuelto el dinero desde el banco la cosa habría seguido su curso alegremente. Y esos “errores” no son una excepción, uno llega a sospechar que son intencionados, por lo menos tremendamente negligentes, o que algo muy muy raro está pasando puertas adentro del ayuntamiento cacereño. Y aquí convendría puntualizar que no me refiero expresamente a los políticos que lo dirigen, sean del signo que sean, ni a su oposición más o menos “deconstructiva” —a la que más le valdría buscar soluciones a problemas reales y candentes antes que suscitar otros nuevos por cuestiones puramente demagógicas, como las corridas de toros, la cuestión de los homosexuales o el típico feminismo. Que dejen de tomarnos por tontos.

En vista del funcionamiento modélico del aparato municipal en el día a día administrativo, que es el que realmente afecta al desarrollo económico de esta pequeña capital de provincia, uno llega a sospechar que los políticos se ven impotentes para dirigir al funcionariado que está teóricamente a sus órdenes; y que estos desoyen fácilmente sus directrices, las ignoran o las aplican tarde y mal, sobre todo si fueran o fuesen de signo político contrario y estuvieran enfrentados a la dirección del municipio por oscuras razones que no pretendemos dilucidar aquí. No ya como en el Antiguo Imperio romano ponen y quitan el alcalde a su antojo, pero le boicotean subrepticiamente, paralizan las decisiones razonables y agilizan las absurdas, desesperan al ciudadano y se burlan de los intentos de este por encontrar pronta y lógica respuesta a sus demandas.

Mi amigo volvió a comentarme su reciente visita al servicio jurídico del ayuntamiento cacereño, que se encuentra, cómo no, en la alejada sede de la guardia pretoriana —perdón, quise decir de la policía local. Mientas hablaba en susurros tratando de averiguar algo vital para su negocio con una funcionaria que le atendió en el pasillo, los guardias urbanos salían alegres a pasearse en coche por la mañana, pegando tales gritos de contento que no era posible hablar, apenas entenderse, de forma que mi amigo se vio obligado a elevar la voz, incluso a cantarle las cuarenta a la funcionaria en cuestión, aunque de bien poco sirvió. “Les da igual,” me confesó contrito, “están seguros con los privilegios que les concede la Ley de la Función Pública, es casi imposible despedir a un funcionario; la policía municipal de Cáceres tiene secuestrado al ayuntamiento, no obedece más que sus propias normas internas.” Así que, además de cornudo apaleado, mi amigo se resigna a ver diariamente a la guardia pretoriana paseándose orondos en sus cuadrigas oficiales, cobrando además el plus de peligrosidad por recorrer los lugares menos peligrosos y, también, los que supongan menos esfuerzo físico —nada de pasearse andando por las parte antiguas. ¿Acaso no se les tiene miedo como los antiguos emperadores tenían miedo a los que los custodiaban? Pero los custodios siempre han tenido culpa en esta situación: sabemos que la policía municipal tiene unos sueldos bastante más elevados que la policía nacional, y esta a su vez mayores que los de la guardia civil, cuando justamente debía ser al revés.

Resumiendo, en todo esto se percibe una evidente mala voluntad cuyas consecuencias son: el comercio y el turismo perjudicados, la actividad económica cada vez más paralizada y una creciente crispación social en determinadas ciudades y pueblos. Se impone una reforma profunda de la Ley de la Función Pública, equiparándola en lo posible a la legislación aplicable al resto de los profesionales. Menos leyes pero mejor pensadas e implementadas, eso es lo que necesitamos, amén de gestores íntegros y competentes.

Juan P. Rodríguez

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